Nuevo golpe del Gobierno de Pedro Sánchez al censo electoral español. En esta ocasión, ha anunciado una regularización masiva de inmigrantes ilegales mediante un real decreto que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos que esquiva el control del Parlamento.
La medida permitirá conceder permisos de residencia a cientos de miles de extranjeros que ya se encuentran en España, sin necesidad de que la iniciativa pase por el Congreso ni sea sometida a votación. El Ejecutivo justifica la decisión como una fórmula para «garantizar derechos» y dar cobertura legal a una «realidad social existente», pero la oposición y distintos sectores sociales denuncian que se trata de una amnistía migratoria encubierta con enormes consecuencias políticas, económicas y demográficas.
Según ha adelantado Podemos, podrán beneficiarse de esta regularización quienes acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y un mínimo de cinco meses de estancia en el país. El procedimiento suspenderá de inmediato órdenes de expulsión y procesos de retorno, concederá permisos provisionales de residencia y trabajo y, en caso de resolución favorable, abrirá la puerta a autorizaciones de un año renovables por la vía ordinaria.
Desde la formación morada, Irene Montero ha celebrado públicamente el acuerdo y ha cifrado en más de medio millón las personas que podrían quedar amparadas por esta decisión. Además, ha asegurado que su partido vigilará para que el proceso sea «ágil», con el argumento de proteger a los beneficiarios frente a lo que califica como «violencia racista».
Sin embargo, el modo elegido para aprobar la medida ha generado una fuerte polémica. Al tratarse de un real decreto, el Gobierno evita el debate parlamentario que llevaba meses bloqueado en torno a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por organizaciones sociales y respaldada por más de 700.000 firmas. Aquella propuesta permanece atascada en el Congreso por falta de apoyos suficientes, lo que ha llevado al Ejecutivo a optar ahora por una vía directa y sin control legislativo.
Esta regularización llega además en un contexto especialmente delicado. Un reciente informe de Funcas estima que el número de inmigrantes en situación ilegal en España se ha multiplicado casi por ocho en los últimos ocho años, pasando de algo más de 100.000 personas en 2017 a unas 840.000 en 2025. Según ese estudio, casi uno de cada cinco extranjeros no comunitarios residentes en el país carecería de papeles.
El Gobierno sostiene que la medida es necesaria para ordenar una situación desbordada, pero sus críticos advierten de que supone un potente «efecto llamada» y un premio a quienes han entrado o permanecido de forma ilegal. También alertan del impacto sobre los servicios públicos, el mercado laboral y el propio sistema electoral, al abrir la puerta a una futura nacionalización masiva.
Única oposición de VOX
El líder de VOX, Santiago Abascal, ha reaccionado a la noticia en redes sociales exigiendo repatriaciones, deportaciones y remigración: «¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión. Hay que detenerlo. Repatriaciones, deportaciones y remigración», ha zanjado.
Fuente: https://gaceta.es/